Congreso despacha proyecto de ley de Transformación Digital del Estado

El proyecto que fue despachado hoy por la Cámara de Diputados obliga, por regla general, a la digitalización de los trámites ante los servicios públicos; además, simplifica y elimina muchos trámites que las personas realizan ante el Estado. Valparaíso, 11 de septiembre de 2019 – El Congreso despachó hoy el proyecto de Ley de Transformación […]

El proyecto que fue despachado hoy por la Cámara de Diputados obliga, por regla general, a la digitalización de los trámites ante los servicios públicos; además, simplifica y elimina muchos trámites que las personas realizan ante el Estado.

Valparaíso, 11 de septiembre de 2019 – El Congreso despachó hoy el proyecto de Ley de Transformación Digital del Estado que modifica la Ley N°19.880 que establece la base para los actos administrativos del Estado, esto luego de que la Cámara de Diputados aprobará en su último trámite el informe de la Comisión Mixta.


“Gracias a esta ley será el Estado el que va a conversar detrás del mesón y no las personas las que van a ir buscando de oficina por oficina distintos documentos, ahorrando tiempo y mejorando así su calidad de vida”, destacó el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel.

Esta iniciativa, entre sus puntos más destacados, establece la interoperabilidad de los servicios públicos, de forma tal que no se solicite a las personas certificados emanados por las instituciones del Estado. Además crea un Archivo Nacional digital que registrará de forma mucho más eficiente toda la información de los servicios públicos.

“El proyecto le da sustento legal a la Estrategia de Transformación Digital del Estado que ha venido liderando el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que busca establecer las bases para que cada servicio avance en la digitalización para tener un Estado cero filas y cero papel, donde la tramitación digital sea la regla general”, afirmó el ministro Blumel.

Se estima que en promedio cada chileno realiza ocho trámites con el Estado al año, y en cada uno invierte 2,2 horas. A eso se suma el dinero que tiene que destinar a traslados y las complicaciones que puede acarrear tener que pedir los permisos para ausentarse de sus labores. Con esta ley, en el mediano plazo todos los trámites podrán realizarse desde un teléfono celular en pocos minutos.

Además, habrá un significativo ahorro en papel. En los últimos años, el Estado ha gastado anualmente más de 100 millones de dólares en papel, fotocopiado, impresión, archivadores, bodegaje de documentos y envío de cartas certificadas. Esto se reducirá drásticamente a través de la digitalización de los procesos.

Uso obligatorio

El proyecto de ley define un apartado específico sobre el uso obligatorio de plataformas electrónicas en los órganos de la administración del Estado para efectos de llevar expedientes electrónicos, las que deberán cumplir con estándares de seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad.

Los escritos, documentos, actos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el procedimiento se registrarán en el expediente electrónico correspondiente, siguiendo las nomenclaturas pertinentes, de acuerdo a cada etapa del procedimiento.

También se norma la creación y conservación de los expedientes electrónicos y se establece que las comunicaciones oficiales entre los órganos de la Administración serán registradas en una plataforma electrónica destinada al efecto, cuyo estándar será definido por reglamento por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda.

Plazos para las adecuaciones

Finalmente, por medio de disposiciones transitorias se faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, las normas necesarias para regular la gradualidad para la aplicación de esta ley para los órganos de la administración del Estado, tipo de procedimientos administrativos o materias; y determinar la aplicación de todo o parte de esta ley, respecto de aquellos procedimientos administrativos regulados en leyes especiales que se expresan a través de medios electrónicos.

En todo caso, la gradualidad recién mencionada no podrá extenderse, para ningún órgano de la administración del Estado, más allá del plazo de cinco años, contado desde la publicación de esta ley.

Luego, se define que los reglamentos mencionados en esta ley deberán dictarse dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley, la cual entrará en vigencia 180 días después de la última de las publicaciones en el Diario Oficial de los citados reglamentos.

Se indica, asimismo, que las disposiciones de esta ley solo se aplicarán respecto de los procedimientos administrativos que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. En todo caso, aquellos que se hubiesen iniciado con anterioridad podrán ser cambiados a medios electrónicos por los órganos respectivos, previo consentimiento de todos los interesados.

Por último, se establecen especificaciones en torno al Registro Civil; se define un periodo de adaptabilidad donde se otorgan cinco años de convivencia entre los soportes digital y papel; y se determina que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con reasignaciones presupuestarias y en los años siguientes, lo que se defina en la Ley de Presupuestos, entre otras normas.

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