Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó legislar sobre nueva inhabilidad para contratar con organismos del Estado.

Los legisladores decidieron apoyar la propuesta, iniciada en moción, que inhabilita a quienes hayan incumplido otro contrato en el sistema público o que la calidad del servicio haya sido deficiente. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, instancia que preside Pedro Velásquez, aprobó la idea de legislar sobre garantizar el buen uso de los dineros fiscales. […]

Los legisladores decidieron apoyar la propuesta, iniciada en moción, que inhabilita a quienes hayan incumplido otro contrato en el sistema público o que la calidad del servicio haya sido deficiente.

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, instancia que preside Pedro Velásquez, aprobó la idea de legislar sobre garantizar el buen uso de los dineros fiscales.
El proyecto, cuya votación en particular se encuentra pendiente en la Comisión, fue impulsado por el diputado Paulsen junto a Cid, Castro, Jürgensen, Pérez, Alarcón, Alinco, Auth, Ilabaca y Mulet.
Explican en el documento que la Ley 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, no contempla en el marco de inhabilidades más allá de la situación financiera de las personas naturales o jurídicas, otras materias igualmente relevantes.
En ese plano destacan la importancia de incorporar en el registro público de inhabilidades (que se encuentra en la página de internet mercadopublico.cl) a las mismas personas que, por diversos motivos, no cumplieron con algunos de los requisitos establecidos en el contrato o en las bases de licitación y cambian el giro de la empresa, para poder participar en un nuevo proceso licitatorio.
Así, la propuesta se plantea como un intento por mejorar los controles establecidos para quienes contraten con la administración del Estado, para entregar más certeza a los ciudadanos respecto del buen uso de los recursos públicos y garantizar que los empresarios y las empresas no burlen los procesos licitatorios.
En concreto, la iniciativa modifica la citada ley agregando en su cuerpo que “será circunstancia inhabilitante para pertenecer a dicho registro cuando los dueños hayan incumplido previamente otro contrato con la administración del Estado por medio de una empresa donde sea o haya sido socio mayoritario, accionista mayoritario o controlador”.

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